En el marco del Día Mundial de la Salud Sexual y a veinte años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral, El Observatorio reunió tres perspectivas sobre los avances, las dificultades y los desafíos que atraviesan estas políticas en América Latina, la provincia de Buenos Aires y La Matanza.
La salud sexual no se limita a la prevención de enfermedades o al acceso a métodos anticonceptivos. También comprende el derecho a recibir información, tomar decisiones autónomas y vivir la sexualidad de manera segura, libre y placentera.
Estos temas fueron abordados en una nueva emisión de El Observatorio, con la participación de Diva Moreno López, médica especialista en Epidemiología y magíster en Salud Sexual y Reproductiva; Erika Porris, directora provincial de Políticas para la Igualdad de Género del Ministerio de Mujeres y Diversidad bonaerense; y Adriana Burgos, integrante del Consultorio de Salud Integral para la Mujer del Hospital Diego Paroissien.
Desde Colombia, Moreno López recuperó la experiencia de los servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes, una política que permitió ampliar el acceso a una atención confidencial y adaptada a las necesidades de esa población. También destacó la importancia de reconocer los derechos sexuales y reproductivos como derechos humanos.
La especialista advirtió que los retrocesos observados en distintos países de la región no son hechos aislados.
“El retroceso en materia de derechos no es un accidente, no es espontáneo: es una agenda financiada, articulada y metódica”, sostuvo.
Además, remarcó la necesidad de incorporar el consentimiento, la autonomía corporal y el derecho al placer como dimensiones centrales de la salud sexual.
Por su parte, Erika Porris, presentó la experiencia de ESI con Amigues, un programa bonaerense que lleva la Educación Sexual Integral a clubes, organizaciones barriales, centros juveniles, parroquias, grupos scouts, merenderos y comedores.
La propuesta surgió en 2022 a partir de un diagnóstico participativo realizado con alrededor de 1.200 jóvenes. Una de sus principales conclusiones fue que cerca del 80 % prefería conversar sobre sexualidad con sus pares antes que con personas adultas. “Desde entonces, aproximadamente 12.000 adolescentes y jóvenes de 72 municipios participaron en las actividades del programa”, señaló la directora.
Porris también señaló la necesidad de actualizar la ESI frente a problemáticas como las violencias, el acoso, las apuestas en línea, la circulación de imágenes sin consentimiento y el uso intensivo de pantallas. Un nuevo relevamiento realizado con 3.200 jóvenes de más de 50 municipios analiza, además, el uso de redes sociales y de herramientas de inteligencia artificial para buscar información sobre sexualidad.
En el último tramo del programa, Adriana Burgos describió el trabajo desarrollado en el Hospital Diego Paroissien, donde funcionan una consejería de salud sexual integral, un consultorio para la mujer y un espacio de atención de interrupción voluntaria y legal del embarazo.
“Hablar de la salud sexual como un derecho permite tener una visión completa de cómo las personas viven su cuerpo, sus relaciones y sus decisiones”, explicó. La profesional destacó el valor de la escucha activa y la atención empática, y advirtió sobre las dificultades que enfrentan actualmente los servicios públicos para garantizar el acceso a métodos anticonceptivos.
Las tres experiencias muestran que sostener el derecho a la salud sexual requiere políticas públicas, equipos capacitados y espacios accesibles. A veinte años de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral, el desafío es defender lo alcanzado y actualizar sus contenidos frente a las transformaciones sociales, culturales y tecnológicas.